Con un presupuesto de al menos $28.000 millones: Carabineros y la Fuerza Aérea omitieron indicar en cinco licitaciones de mudanza a cuántos funcionarios movilizarían en una década
Desde 2014, Carabineros y la Fuerza Aérea han adjudicado en Mercado Público —el sistema de compras del Estado— al menos cinco licitaciones (superiores a mil millones de pesos cada una) destinadas a las mudanzas de sus funcionarios, con una disponibilidad presupuestaria mínima de $28.000 millones. Sin embargo, en las bases de esos procesos, ninguno de los organismos entregó un estimado de cuántos traslados se realizarían. A su vez, ni Carabineros, ni las tres ramas de las Fuerzas Armadas informaron, a través de solicitudes de Transparencia, cuántos traslados se han realizado efectivamente, lo que impide dimensionar la magnitud de estos servicios en el país y el verdadero alcance del gasto estatal.
Por Antonia Mora, periodista y editora de Medio Impacto
Lunes 1 de septiembre de 2025 | 09:53 horas
Carabineros y la Fuerza Aérea han adjudicado un mínimo de cinco licitaciones públicas, por más de mil millones cada una entre 2014 y la actualidad, relativas a la contratación de servicios de mudanzas de menaje, enseres personales y traslado de vehículos para sus respectivos funcionarios. En total, la disponibilidad presupuestaria con la que han contado es de, al menos, $28.000 millones. En ninguna de las bases administrativas de las licitaciones, los organismos han indicado, siquiera un estimado, del número de mudanzas y transportes de automóviles que serían necesarios.
En el caso de las licitaciones para servicios de mudanza y traslado de vehículos, la modalidad aplicada corresponde a un contrato a precios unitarios, en el que el pago se determina según la cantidad efectivamente ejecutada de cada ítem, por ejemplo, cada mudanza realizada.
La Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 63.558 de 2015, precisó que esta modalidad no se reduce a un simple listado de valores, sino que exige la presentación de un presupuesto con cubicaciones referenciales, es decir, una estimación de los servicios que se espera ejecutar. Dichas referencias son necesarias para que los oferentes puedan calcular costos de manera transparente y en igualdad de condiciones. Sin embargo, en las licitaciones de Carabineros y de la Fuerza Aérea no se entrega ningún estimado, ni se hace mención a los volúmenes históricos, lo que favorece a quienes ya conocen la demanda real y limita la transparencia del proceso.
Aquí también resulta aplicable la normativa reglamentaria de la Ley N° 19.886, que regula la contratación de bienes y servicios por parte del Estado. Para las licitaciones realizadas antes del 12 de diciembre de 2024, regía el Decreto Supremo N° 250. Su artículo 20 establecía que las bases debían fijar condiciones que permitieran obtener la combinación más ventajosa de beneficios y costos, atendiendo no solo al precio, sino también a la eficacia y eficiencia de la contratación. El artículo 22, a su vez, exigía que las bases incluyeran un contenido mínimo redactado en “lenguaje preciso y directo”, incluyendo los requisitos de participación, las especificaciones del servicio y los criterios de evaluación de las ofertas. La omisión de estimaciones de traslados no cumple con ese estándar de claridad y comparabilidad.
Ese decreto fue reemplazado, posteriormente, por el Decreto Supremo N° 661, que entró en vigencia el 12 de diciembre de 2024. Su artículo 37 establece que, al elaborar las bases de licitación, las instituciones no deben enfocarse únicamente en el precio del bien o servicio, sino también en todas las condiciones que puedan influir en los costos o beneficios que generará. Asimismo, exige que dichos procesos se diseñen privilegiando la probidad, la eficiencia, la competencia, la transparencia, la sustentabilidad y el ahorro en las contrataciones públicas.
Por ello, el hecho de no indicar en las bases de una licitación —independientemente del organismo que se trate— cuántos traslados se van a realizar, carece de trazabilidad y dificulta la fiscalización posterior por parte de la autoridad, exponiendo al erario a riesgos de sobrepago o uso ineficiente.
Medio Impacto envió solicitudes de Transparencia a Carabineros y a las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el propósito de conocer cuántos traslados de funcionarios se han realizado efectivamente desde 2013 en el caso de las FF.AA., y desde 2014 en Carabineros. Se eligió este período porque en 2014 comenzó a regir la obligación de registrar “recepción conforme” en Mercado Público, que acredita la entrega y aceptación de un servicio. Así, en el caso de las Fuerzas Armadas se incorporó además el año previo, para contar con una base de comparación.
En su respuesta, el Ejército señaló que no entregaría lo solicitado, pues ello implicaría revelar “la conformación de la planta institucional, información sensible sobre las destinaciones del personal activo” vea la respuesta aquí. Esto se contradice con el hecho de que las mismas órdenes de compra ya publicadas en Mercado Público contienen los datos de origen, destino y fechas de cada traslado, entre otros, sin que aquello haya sido considerado un riesgo para la seguridad nacional. La diferencia es que la información se encuentra dispersa y lo solicitado solo apuntaba a una sistematización, sin la entrega de datos personales.
La Fuerza Aérea, por su parte, sostuvo que atender la solicitud requeriría que dos especialistas revisaran manualmente 180 archivadores correspondientes al período 2013 y 2019 —que no se encuentra digitalizado—, dedicando 70 días hábiles a recopilar antecedentes, “lo que evidencia la distracción indebida del personal institucional del cumplimiento regular de sus funciones” vea la respuesta aquí. Carabineros, en tercer lugar, optó por derivar al portal Mercado Público para buscar allí la información que, como ya se señaló, no está disponible vea la respuesta aquí. Del mismo modo, la Armada también redirigió a ese portal web para obtener los datos por cuenta propia vea la respuesta aquí.
En definitiva, mientras Carabineros y la Fuerza Aérea han gestionado un presupuesto de al menos $28.000 millones sin transparentar la magnitud real de los servicios adjudicados, ninguna institución entregó una cifra sobre el total de traslados de sus funcionarios realizados en el país durante una década. La ausencia de estimaciones en las bases de licitación, sumada a la negativa de proporcionar datos efectivos, dificulta la rendición de cuentas y, en última instancia, impide conocer si los recursos públicos destinados a las respectivas contrataciones se han utilizado de manera eficiente, transparente y acorde a las necesidades reales de los organismos.